Defensa de García Ortiz impugnará la sentencia ante el Supremo
La Abogacía del Estado busca anular la condena a Álvaro García Ortiz por filtrar información, argumentando vulneraciones de derechos fundamentales y pérdida de imparcialidad por parte del tribunal
La fecha límite establecida para la presentación de los escritos relacionados con la solicitud del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el Tribunal Supremo, está fijada para el día 13 de enero. Estos documentos se relacionan con la impugnación de la sentencia que lo condena a dos años de inhabilitación, junto con una multa y la obligación de indemnizar al empresario Alberto González Amador. La Abogacía del Estado, actuando en representación de García Ortiz, presentará un escrito en el que solicitará la anulación de la sentencia y, además, otro escrito para pedir la suspensión de su ejecución. La presentación de este incidente de nulidad constituye un paso previo y obligatorio para poder interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, dado que la sentencia emitida por el Supremo es firme y no puede ser impugnada a través de otras vías.
El Tribunal Supremo emitió una condena contra García Ortiz, motivada por la filtración de la confesión de Alberto González Amador, quien es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que está procesado por dos delitos fiscales. Las sanciones impuestas incluyeron dos años de inhabilitación, una multa por un valor de 7.200 euros y la obligación de indemnizar a González Amador con una suma de 10.000 euros. El incidente de nulidad se presenta como la única vía disponible para impugnar una sentencia que ya es firme. La Abogacía del Estado argumentará que la sentencia en cuestión vulnera los derechos fundamentales de García Ortiz, incluyendo el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la legalidad penal y el derecho a la tutela judicial efectiva. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional representa el siguiente paso a seguir, en el caso de que el incidente de nulidad sea desestimado.
### Argumentos de la Defensa (Abogacía del Estado)
La Abogacía del Estado fundamentará su defensa en la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de García Ortiz. Entre estos derechos, se encuentran el derecho a la presunción de inocencia, el principio de legalidad penal y el derecho a la tutela judicial efectiva. Estos argumentos se asemejan a los ya presentados y expuestos por la Fiscalía.
Además de estos argumentos, la defensa podría alegar la pérdida de la apariencia de imparcialidad por parte del tribunal. Esto se basa en la participación de tres magistrados, a saber, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, quienes actuaron como ponentes en un curso remunerado, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Este curso tuvo lugar un día después de que finalizara la vista oral. La remuneración percibida por los magistrados fue de 90 euros por hora. Martínez Arrieta impartió dos horas de clase, mientras que Berdugo y Del Moral, impartieron cuatro horas cada uno, y Del Moral, además, recibió una remuneración como coordinador del curso. El ICAM, por su parte, presentó una querella contra la Fiscalía y ejerció la acusación popular contra García Ortiz durante el juicio.
### Detalles sobre el Curso del ICAM
Las ponencias del curso del ICAM se desarrollaron los días 17, 18 y 19 de noviembre, coincidiendo con el periodo de deliberaciones del fallo. Los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral participaron activamente en el curso. Martínez Arrieta impartió dos horas de clase, mientras que Del Moral y Berdugo impartieron cuatro horas cada uno. Adicionalmente, Del Moral percibió una remuneración adicional por su labor como coordinador del curso. La Abogacía del Estado estaba considerando la posibilidad de alegar una pérdida de la apariencia de imparcialidad, debido a la participación de los tres magistrados mencionados en el curso remunerado del ICAM, aunque la decisión final sobre la inclusión de este aspecto en su escrito no se tomaría hasta el último momento. El propio Tribunal Supremo estableció que la vía adecuada para cuestionar la apariencia de imparcialidad de estos jueces habría sido mediante una recusación formal.
### Otros Argumentos de la Defensa
La Abogacía del Estado tiene previsto plantear otras quejas, algunas de las cuales ya fueron expuestas durante el juicio. Entre ellas, se incluye la alegación de que el registro realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) en el despacho del fiscal general vulneró sus derechos. También se argumentará que ser acusado y condenado basándose en una nota de prensa, cuya naturaleza delictiva fue previamente negada por el propio Tribunal Supremo al abrir el caso, vulnera el principio acusatorio. Además, se cuestionará la valoración del testimonio de los periodistas, quienes tenían conocimiento del correo de González Amador antes que el propio acusado.
### Perspectivas del Incidente de Nulidad
Los incidentes de nulidad, como el que presentará la defensa de García Ortiz, representan la única vía para impugnar una sentencia que ya es firme. Estos incidentes no constituyen un recurso en sí mismos, sino que son un mecanismo que permite solicitar la invalidación de una sentencia, al considerar que se ha producido alguna irregularidad procesal que vulnera derechos fundamentales. La práctica habitual del Tribunal Supremo es rechazar este tipo de alegaciones, a menos que exista un error que deba ser subsanado. Sin embargo, en este caso, existe la posibilidad de que el rechazo no sea unánime, lo que podría abrir la puerta a una revisión de la sentencia.
En este contexto, las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, quienes votaron en contra de la condena, tendrán la oportunidad de manifestar su disconformidad. Esto ocurrirá a través de la presentación de incidentes de nulidad, un trámite que permite impugnar una sentencia firme del Tribunal Supremo por la vía ordinaria.
### Conclusión
En resumen, el incidente de nulidad presentado por la defensa de Álvaro García Ortiz se centra en varios motivos, incluyendo la supuesta vulneración de derechos fundamentales y la posible pérdida de la apariencia de imparcialidad por parte del tribunal. Estos argumentos son similares a los presentados por la Fiscalía. Aunque las perspectivas de éxito de este incidente son limitadas, es un paso obligatorio antes de poder interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este recurso es la siguiente etapa en la defensa de García Ortiz, quien busca anular la sentencia que lo condena a dos años de inhabilitación. La importancia de este incidente radica en su función como filtro procesal, que permite agotar la vía judicial ordinaria antes de elevar el caso al Tribunal Constitucional.
